El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de una acusación formal contra doce cubanos por su participación en una conspiración internacional dedicada al tráfico de personas, fraude de asilo y lavado de dinero, que facilitó la entrada ilegal de miles de ciudadanos cubanos a EEUU.
Desde enero de 2021 hasta junio de 2025, los acusados promocionaron servicios de visas fraudulentos en línea, alegando que los ciudadanos cubanos podían obtener la entrada a Estados Unidos mediante declaraciones falsas de ciudadanía europea.
Presentaron cientos de solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, utilizando direcciones falsas y documentos falsificados.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) desempeñó un papel clave en la investigación y hasta el momento ha identificado a las siguientes personas.
- Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, de 27 años, de Hialeah, Florida (residente ilegal en Estados Unidos);
- Yuniel Lima-Santos, de 30 años, de Tampa, Florida;
- Liannys Yaiselys Vega-Pérez, de 26 años, residente ilegal en Lebanon, Tennessee;
- Marianny Lucía López-Torres, de 25 años, residente en Cuba (anteriormente en Hialeah, Florida);
- Frandy Aragón-Díaz, de 33 años, de Cuba (anteriormente residente ilegal en Tampa, Florida);
- Erik Ventura-Castro, de 23 años, residente en Hialeah, Florida;
- Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, 30 años, de Tampa, FL;
- Walbis Pozo-Dutel, 30 años, residente en Katy, TX;
- Emanuel Martínez González, 28 años, que reside ilegalmente en Hialeah, FL;
- Luis Emmanuel Escalona-Marrero, 31 años, de Tampa, FL;
- Layra Libertad Treto Santos, 31, de Tampa, FL; y
- Gisleivy Peralta Consuegra, 40 años, de Tampa, Florida.
A todos, excepto a Gisleivy Peralta Consuegra, se les acusa de conspiración para cometer contrabando de extranjeros con fines de lucro.
Yuniel Lima Santos y Frandy Aragón Díaz también están acusados de tráfico de extranjeros para obtener ganancias financieras.
Yuniel Lima-Santos, Liannys Yaiselys Vega-Pérez, Frandy Aragón-Díaz, Layra Libertad Treto Santos y Gisleivy Peralta Consuerga están acusados de conspiración para cometer fraude de asilo.
Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, Yuniel Lima-Santos, Liannys Yaiselys Vega-Pérez, Frandy Aragón-Díaz, Erik Ventura-Castro, Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, Luis Emmanuel Escalona-Marrero y Layra Libertad Treto Santos están acusados de conspiración para blanquear dinero.
La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en conferencia de prensa esta tarde que el fraude incluyó a menores de edad que viajaron a Estados Unidos sin acompañantes y fueron adiestrados por los traficantes para mentir a las autoridades.
"Seré clara: si trafican con seres humanos, serán encontrados, procesados y llevados ante la justicia", declaró Bondi.
El director del USCIS, Joseph Edlow, dijo que se trata de "una conspiración criminal multinacional, multianual y multimillonaria".
La operación de tráfico de inmigrantes promovía sus servicios en redes sociales y plataformas de mensajería cifrada, incluyendo un grupo de WhatsApp titulado "TRÁMITE DE ESTA Y VISA DE TURISMO A EE. UU. PARA CIUDADANOS ESPAÑOLES". Un video promocional promocionaba la trama mostrando montones de pasaportes, billetes de avión y visas aprobadas.
Lo que comenzó como una pequeña operación se convirtió en una empresa comercial. Los acusados cobraban a sus clientes entre 1500 y 40 000 dólares, a veces incluso alquilando aviones privados para trasladar a grupos de extranjeros.
Los registros muestran que gastaron más de 2,5 millones de dólares solo en vuelos y canalizaron más de 7 millones a través de aplicaciones de pago como Zelle. Según un análisis financiero realizado a 27 cuentas conocidas asociadas con los acusados y sus cómplices, la organización de tráfico de inmigrantes obtuvo más de 18 millones de dólares durante la conspiración.
La investigación, liderada por el grupo especial Joint Task Force Alpha (JTFA), contó con la colaboración de USCIS, la Patrulla Fronteriza, el FBI y autoridades internacionales, incluyendo las Islas Caimán.
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